16 de diciembre de 2014
De acuerdo con la definición que da Wikipedia, corrupción política es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política sería transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado.
Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción política, puesto que en definitiva, el uso de lo público en beneficio de lo privado es inherente al ser humano o al menos a de una concepción egoísta e insolidaria del ser humano, que por desgracia es muy abundante y frecuente según aprendemos cada día.
La corrupción es un término genérico que engloba diferentes conductas punibles, recogidas en el Código Penal: las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el cohecho o soborno, las extorsiones, los fraudes a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, fraudes de subvenciones, la malversación, la prevaricación... La lista es muy larga.
Vivimos una época dura y a la vez extraña, a la vista del uso que de lo público ha hecho un gran número de políticos en estos últimos años, especialmente difíciles para la mayoría de las familias, que ha motivado una sensación de desasoiego en la sociedad, la cual ha dejado de creer en el sistema político con el riesgo que ello conlleva.
Una sociedad debe estar estructurada y ordenada en torno a personas que ejerzan el poder pues es la única manera de vivir en sociedad. Aristóteles decía que si hay hombre hay sociedad y si hay sociedad ha de haber Derecho, pues es la única manera de solucionar los conflictos.
De ahí que sea tan importante que las personas que ejercen el poder tengan legitimación moral para su ejercicio; una legitimación moral que se pierde cuando se comprueba que ejercen la función pública en propio beneficio y no con espíritu de servicio.
O esto cambia, o el sistema político actual quiebra y la sociedad se verá inmersa en un conflicto sin capacidad de solución.
Es difícil proponer medidas jurídicas para dar solución a la corrupción, pues en gran medida este problema no es sino el reflejo de una corrupción existente en la propia sociedad, de la que los políticos son sus representantes, pero sí hay que adoptar medidas drásticas para minimizar en lo posible el fenómeno y conseguir que la sociedad vuelva a creer en la mayoría de los políticos.
Así, algunas medidas -drásticas, como digo-, pero puede que necesarias para preservar el sistema democrático y el Estado de Derecho serían, a mi juicio:
En fin, es cuestión de seguir imaginando medidas preventivas y correctoras, pero lo que está claro es que con el sistema actual no se ha podido luchar contra la corrupción, pues existen muy pocos condenados y menos aun cumpliendo penas privativas de libertad. Esta impunidad, terminará por finiquitar un sistema que nos permite -a casi todos- vivir en situación de bienestar.
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